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La Universidad de Costa Rica (UCR) finalmente rompió el silencio sobre los insultos que uno de sus profesores lanzó contra la presidente de la República, Laura Fernández Delgado, durante el denominado Plantón en Defensa de la Democracia.

Sin embargo, el pronunciamiento institucional de este domingo 9 de agosto del 2026 dejó un sinsabor. 

Aunque la Rectoría condenó las expresiones ofensivas, calificó ese lenguaje como incompatible con los valores universitarios y defendió un debate público respetuoso, en ningún momento anunció la apertura de una investigación administrativa, ni eventuales medidas contra el docente señalado.

El protagonista de la polémica es Diego Alexánder Ugalde Fajardo, quien figura como profesor de la UCR y quien, durante la actividad realizada en la plaza de la Democracia, de San José, lanzó calificativos como «hijueputa» y «tontica» contra la mandataria, mientras era entrevistado por un hombre que recorría la manifestación recopilando testimonios de los asistentes.

La Rectoría toma distancia… pero no actúa

En su comunicado, la Universidad dejó claro que rechaza «toda forma de violencia verbal y de deshumanización» y sostuvo que los calificativos utilizados son incompatibles con el respeto que debe prevalecer en el debate público y con los principios que debe promover una institución universitaria. 

También recordó que la crítica política puede ejercerse con firmeza, pero sin recurrir a la descalificación o al agravio personal.

No obstante, el documento guarda silencio sobre un aspecto que ahora concentra la atención: ¿habrá consecuencias para el profesor?

Diputada pidió investigar

La reacción más contundente llegó desde la Asamblea Legislativa.

La diputada Nayuribe Guadamuz Rosales, de Pueblo Soberano, solicitó formalmente a la Rectoría investigar al profesor Ugalde y requirió información sobre su vínculo laboral con la Universidad, su trayectoria académica, remuneraciones, evaluaciones y antecedentes administrativos correspondientes a los últimos diez años.

Para la legisladora, resulta inaceptable que una persona encargada de formar a futuros docentes utilice un espacio público para insultar y denigrar a la presidenta de la República, y recordó que la UCR, por financiarse con recursos públicos, tiene el deber de actuar con transparencia y rendir cuentas.

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