Casa Presidencial finalmente respondió al magistrado Jorge Araya García, luego de que este denunciara públicamente que la presidenta Laura Fernández había dejado vencer el plazo constitucional de 10 días sin contestar su solicitud de pruebas. La respuesta, sin embargo, no llegó firmada por la propia mandataria, sino por Alexander Astorga Monge, director de Despacho Presidencial, quien aclaró que actúa «siguiendo instrucciones de la señora Presidente de la República».
La Presidencia reafirma su señalamiento
En el oficio PR-DP-OF-0448-2026, fechado el 12 de agosto, la Presidencia ratifica la frase que generó la polémica: que «se está metiendo hasta en los tuétanos del Poder Judicial el crimen organizado y el narcotráfico». Para respaldar esa afirmación, el documento no se queda en lo general y enumera una lista de casos concretos de los últimos años:
- Caso «Talamanca» (2021): un juez penal y un fiscal de la zona fueron detenidos, acusados de devolver bienes decomisados al narcotráfico mediante resoluciones irregulares y de alertar con antelación a líderes criminales sobre intervenciones telefónicas.
- Caso «Corruptela en Limón» (2022-2023): allanamientos y detenciones de técnicos judiciales, defensores públicos y un exjuez, señalados de cobrar dinero a cambio de desestimar causas y alterar actas de audiencias para beneficiar a imputados ligados al narcotráfico.
- Casos «Paso Canoas» y «Sartra» (2022-2023): detención de agentes del OIJ y técnicos de salas de juicio en el Gran Área Metropolitana, acusados de vender claves de acceso a sistemas confidenciales y bases de datos de personas investigadas a organizaciones de tráfico de cocaína.
- Caso «La Unión» (2024): tres fiscales y tres jueces detenidos, entre ellos personal de la Fiscalía de La Unión y del Juzgado Penal de Cartago, investigados por tráfico de influencias, cohecho y filtrar información sobre operativos a organizaciones vinculadas con homicidios y narcotráfico local.
- El caso del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez: el documento repasa su proceso, que según Presidencia tuvo su origen en el caso «Cementazo» y escaló hasta su arresto por Interpol y el OIJ para fines de extradición hacia Estados Unidos, acusado de conspiración para el tráfico de drogas y de dar asesoría legal a estructuras de narcotráfico internacional.
- Caso «Madre Patria»: citado como prueba adicional de la infiltración, por la presunta complicidad de jueces y agentes judiciales activos que habrían facilitado información y protección a esta red de fraude y lavado de dinero.
La recomendación al magistrado
Lejos de quedarse solo en la defensa de la frase, el oficio le devuelve la pelota a Araya García: le recomienda que, dado su interés en el tema y su condición de integrante de la Corte Plena —el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial—, solicite directamente al Ministerio Público y a la Sala Tercera un informe detallado sobre el estado real de esas investigaciones, ya que es precisamente la cúpula judicial la que tiene las potestades de fiscalización y acceso a esos expedientes.
El dato que se guardaron para el final
El oficio cierra con un señalamiento adicional: indica que el tema de la infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial se incluyó de forma expresa en la agenda de la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, precisamente para discutirlo con las autoridades judiciales, pero que estas declinaron asistir a esa reunión.